«Se ha dado el primer paso de un golpe de Estado». El presidente colombiano Gustavo Petro no tiene dudas de que la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de formular cargos en su contra por la presunta violación de topes electorales durante la campaña de 2022 que lo ha llevado al Gobierno no es otra cosa que una conjura. «De concretarse, este acto representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país».
Petro, quien llevó por primera vez a la izquierda al Palacio Nariño, consideró en su discurso de la noche del martes que El CNE es «un organismo administrativo infiltrado por los mismos politiqueros» que han administrado ese país durante décadas. «Esto viola claramente nuestra Constitución y mi fuero. Lo ocurrido pone en peligro la institucionalidad que represento». La figura del «politiquero» está encarnada especialmente en el magistrado Álvaro Hernán Prada, integrante del Centro Democrático, el partido del expresidente de derechas Álvaro Uribe.
Con dos años en el poder, Petro tiene una popularidad promedio del 35%. El Gobierno que prometió cambiar la historia colombiana es sometido a numerosas presiones. Para el exguerrillero del M-19 y exalcalde bogotano, lo que sucede con el organismo electoral es un nuevo capítulo de los obstáculos que enfrenta la izquierda para llevar adelante su programa. El CNE, dijo, ha sido «capturado por la oposición”, y le exigió que haga público el contenido de las acusaciones «para que la ciudadanía conozca las más de 25 pruebas testimoniales, 34 documentales y 3 inspecciones judiciales que se han realizado». Sobre la base de esas pruebas, «reclamo mi inocencia y censuro el proceder ilegal e inconstitucional del Consejo Nacional Electoral”.
Defendió a su vez la transparencia de la coalición Pacto Histórico a lo largo de la campaña. «Todos los gastos por concepto de propaganda electoral fueron reportados de manera oportuna y bajo la normativa respectiva. Así lo certificó la auditoría externa contratada por el propio CNE».
Movilizaciones
Petro conoce las adversidades políticas. Las tuvo como alcalde, cuando fue destituido y más tarde rehabilitado, y como senador. SI algo siempre supo es que, de llegar al Palacio Nariño, esos obstáculos se multiplicarían. En este contexto, el mandatario vuelve a agitar el fantasma del «golpe de Estado» y de la politización de la justicia cuyas experiencias se han repetido en la región, afectando a distintos procesos encabezados por Gobiernos progresistas.
Los aliados del mandatario salieron en su defensa y también hablaron de una conspiración en ciernes. Alba Lucía Velásquez, una de las juezas que votó contra de la formulación de cargos contra Petro, recordó que el CNE no tiene la competencia para investigar al presidente.
Más allá de las discusiones sobre los fueros, el presidente ha lanzado su propia ofensiva para contrarrestar el «golpe», como insiste en señalar. «Nos han puesto en un momento difícil, claro, grave. No somos bobos para no saberlo (…) Y habrá movilización del pueblo, claro que sí, y grande e inmensa, porque este pueblo se cansó de la ignominia y la injusticia». Petro llamó a la calle los colombianos. «El presidente constitucional de Colombia elegido por el voto popular ordena a la fuerza pública no levantar un solo arma contra el pueblo».
Analogía con Venezuela
No es la primera vez que Petro convoca a sus seguidores. El espacio público debe constituir una suerte de contrapoder. La situación plantea una paradoja que excede las fronteras colombianas. Petro rechazó la inhabilitación judicial de María Corina Machado para presentarse en los comicios venezolanos. Su postura supuso roces con Nicolás Maduro que se hicieorn más ostensibles tras las elecciones del 28 de julio. Hasta el momento, Bogotá no ha reconocido la victoria en las urnas de Maduro. En medio de ese silencio, Petro cree ser víctima de un ardid parecido al venezolano pero en su propio país.
Más allá de lo que pueda suceder en la calle, el mandatario advirtió que también acudirá a los tribunales internacionales.
El tema de los gastos de campaña del Pacto Histórico ha tenido una derivación en un punto previsible a partir del escándalo suscitado con el hijo del presidente, Nicolás Petro, quien en julio de 2023 fue detenido junto con su exesposa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito y comenzó a hablar de irregularidades en la campaña electoral de su padre.
El paso dado por el CNE no tiene consecuencias inmediatas. La investigación puede extenderse hasta 2026. En mayo de ese año, los colombianos deben elegir al próximo presidente. El caso Petro seguramente se convertirá en un asunto de campaña, más allá de quién represente a la izquierda en la contienda.
