El Israel de Binyamín Netanyahu queda más aislado que nunca. Este jueves la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el actual primer ministro y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y contra la humanidad, a la vez que contra el líder del ala militar de Hamás, Mohamed Deif. Inmediatamente los líderes hebreos las tacharon de «antisemitas» y sus aliados en Estados Unidos expresaron su «rechazo fundamental». Pero es innegable que estas órdenes condenan al Estado hebreo al ostracismo internacional mientras no muestra ninguna intención de detener sus bombardeos contra la Franja de Gaza y el Líbano.
Se trata de un tribunal de justicia internacional de última instancia que se encarga de juzgar a las personas, no los Estados, acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. Creada en 2002, la CPI está regida por el Estatuto de Roma, que estableció cuatro crímenes internacionales fundamentales que «no estarán sujetos a ningún estatuto de prescripción»: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. A menudo se confunde con el Tribunal Internacional de Justicia, órgano judicial de Naciones Unidas, que juzga los litigios entre Estados como la acusación de genocidio de Sudáfrica a Israel.
Varios países europeos, como Francia, Países Bajos, Irlanda o Reino Unido, han dicho que cumplirán con las «obligaciones legales» internacionales, sugiriendo que arrestarían a Netanyahu y Gallant en caso de pisar su territorio. Ahora, la CPI emitirá la orden y los nombres de estos líderes israelíes aparecerán en el sistema de Interpol. Los 125 países firmantes del Estatuto de Roma tienen la obligación de detenerlos. El artículo 27 establece el principio de igualdad de toda la ciudadanía, eliminando la idea de inmunidad de un jefe de Gobierno. Entre los Estados que deberían detener a los políticos israelíes –el Ejército hebreo considera que Deif murió en un ataque en Gaza, aunque Hamás no lo ha confirmado– está gran parte del mundo. Casi todos los países de la Unión Europea y América Central, Canadá, Reino Unido, Australia, gran parte de África y Sudamérica.
La CPI basa su decisión en los actos cometidos entre el 8 de octubre del año pasado, un día después de que Israel lanzara su guerra de venganza contra Hamás en la Franja, hasta el 20 de mayo, cuando la Fiscalía presentó las solicitudes de arresto. En el texto publicado el jueves para anunciar las órdenes de detención, la CPI considera que Netanyahu y Gallant son «responsables penalmente de los siguientes crímenes como coautores por haber cometido los actos conjuntamente con otros: el crimen de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra; y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos«. También cree que tienen «responsabilidad penal como superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil«. En la Franja de Gaza, ya han muerto más de 44.000 palestinos y casi 105.000 han resultado heridos como resultado de la violencia israelí de los últimos 13 meses.
Aunque estas órdenes tienen una gran significación simbólica no tienen por qué traducirse en el fin de la guerra contra Gaza ni mucho menos del Gobierno de Netanyahu. El primer ministro puede seguir viajando fuera de Israel, pese a que, desde el inicio de la ofensiva militar, apenas ha salido del país. La emisión de una orden de arresto no constituye una prohibición formal de viajar, pero corren el riesgo de ser arrestados si pisan un Estado signatario del Estatuto de Roma. La CPI no cuenta con un cuerpo policial propio, así que deben confiar en que los países que la reconocen hagan su trabajo. En caso de no hacerlo, las sanciones son poco más que un tirón de orejas diplomático, como la remisión de un país al órgano rector de la CPI, integrado por Estados miembros, y en última instancia al Consejo de Seguridad de la ONU. Como Israel no reconoce el tribunal, no pueden ser detenidos allí. Además, tampoco hay restricciones para que los líderes políticos, legisladores o diplomáticos se reúnan con personas sobre las que pesa una orden de arresto de la corte.
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