La ley marcial recogida en el marco normativo surcoreano establece en su artículo 77. 1. que «cuando sea necesario hacer frente a una necesidad militar o mantener la seguridad y el orden públicos mediante la movilización de las fuerzas militares en tiempo de guerra, conflicto armado o emergencia nacional similar, el presidente puede proclamar la ley marcial según lo prescrito por la ley».
La ley marcial en la práctica supone la paralización de la actividad parlamentaria. Pero no solo se paraliza la actividad política en la sede de la Asamblea Nacional, sino que también se paraliza la actividad política de los ciudadanos, de manera equivalente a una situación de guerra efectiva. Todas las actividades políticas están prohibidas en Corea del Sur tras la imposición de la ley marcial, todos los medios de comunicación pasan a estar sujetos a vigilancia gubernamental.
Paralelamente, quedan estrictamente prohibidas todas las actividades políticas en cualquier ámbito, en los consejos locales, ayuntamiento o partidos políticos y las asociaciones vecinales, así como las reuniones y manifestaciones de cualquier índole.
Todos los medios de comunicación y publicaciones estarán sujetos al control del mando de la ley marcial, en la práctica de los mandos militares. Tras el anuncio del presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, en televisión, manifestantes se han dirigido al Parlamento, ya cerrado y controlado por el Ejército. Algunos helicópteros han llegado a aterrizar en el tejado del edificio del Parlamento en Seúl para expulsar a los parlamentarios.
La ley marcial implica el nombramiento de un comandante general. En este caso, ha sido nombrado el jefe del Estado Mayor Conjunto (JCS), Park An-su. A su vez, el ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, ha ordenado una vigilancia estricta del Ejército para evitar un golpe de Estado y que el presidente del Gobierno siga al frente de las decisiones.
