El pasado 4 de diciembre, Brian Thompson, el director ejecutivo del gigante empresarial de seguros de salud UnitedHealthcare, murió al ser tiroteado en pleno corazón de Manhattan. Su asesinato, un «ataque descarado y selectivo» según la policía, se ha convertido en todo un fenómeno de masas en Estados Unidos, especialmente por la fascinación que ha despertado en Internet su presunto autor, el joven Luigi Mangione, detenido el lunes tras cinco días de persecución.
Entre sus pertenencias, las autoridades encontraron lo que se conoce como una pistola fantasma, una arma imprimida en 3D capaz de disparar balas de 9 milímetros. Los tribunales de Nueva York le acusan de asesinato, pero también de tenencia ilícita de armas y de poseer un instrumento falsificado. Aunque por ahora se desconoce si Mangione la usó para acabar con la vida del directivo, el caso ha vuelto a llamar la atención sobre estos artefactos relativamente nuevos y los riesgos que entrañan.
Las llamadas armas fantasma son aquellas producidas por cualquiera que no sea un fabricante con licencia. Para que eso sea posible, los usuarios se sirven de la impresión 3D, una tecnología popularizada durante las dos últimas décadas que agiliza el diseño y la manufactura de todo tipo de objetos tridimensionales. Esa técnica permite crear prótesis para personas con discapacidades físicas, pero también prototipos para industrias como la automoción, el diseño, la alimentación o la aeroespacial. Incluso se investiga su uso para alumbrar órganos artificiales.
Fácil acceso, difícil rastreo
No obstante, el 3D también ha permitido la proliferación de armas de fuego caseras: rudimentarias, de menor potencia que las de marca e incluso de aspecto infantil en algunas ocasiones, pero aun así letales. En EEUU, hay empresas que comercializan kits de armas fantasma –pistolas, revólveres, rifles, escopetas, ametralladoras o silenciadores, entre otras– que venden a un precio de entre 800 y 1.000 dólares, según el Washington Post. Como si se tratase de un juguete, los usuarios pueden descargarse los tutoriales y en unos 30 minutos montar componentes de plástico como el armazón o su empuñadura que, ensamblados a partes metálicas como los muelles o el cañón, dan lugar a una peligrosa arma híbrida.
La impresión 3D ha reducido drásticamente las barreras para acceder a una arma de fuego, pero también ha dificultado su rastreo por parte de las autoridades. Al ser fabricadas en casa, esas armas pueden esquivar los registros oficiales a los que están sometidas las de fábrica –de ahí su nombre de armas fantasma– e ir a parar más fácilmente a manos equivocadas. La Casa Blanca calcula que, entre 2016 y 2021, se usaron en casi 700 homicidios o intentos de asesinato.
Grupos criminales
Aunque las empresas que hacen negocio con las armas 3D defienden que solo se trata de una afición, investigaciones policiales han alertado que bandas criminales, milicias violentas de extrema derecha o grupos terroristas las usan cada vez más, atraídos por esa capacidad de eludir los controles de las autoridades. En 2022, la policía estadounidense incautó 25.785 armas de este tipo.
Consciente de ese riesgo, el Gobierno del presidente Joe Biden las añadió en 2022 a la ley que regula el uso de las armas de fuego para obligar a sus fabricantes a marcarlas con un número de serie que permita controlarlas y a someter a sus compradores a un control de antecedentes. Sin ellos, delincuentes, menores de edad y personas con enfermedades mentales –a quienes se prohíbe su venta– tenían barra libre para adquirirlas. Aun así, la decisión de la administración demócrata fue impugnada por las empresas de armas 3D y se espera que el Tribunal Supremo tome una decisión antes de mediados de 2025.
Uso internacional
El uso de armas imprimidas en 3D es una tendencia que va mucho más allá de EEUU. Las usan los cárteles del narco en México y el crimen organizado tanto en Europa como en América Latina. En 2023 se han desmantelado operaciones de tráfico en Alemania, Chile, Ecuador, Irlanda, Países Bajos, Reino Unido o Suecia, entre otros países. Según los datos de Europol, entre 2018 y 2022 se detectaron 63 casos a nivel europeo. Incluso se han localizado en zonas de conflicto como Ucrania o Myanmar, donde las usa las fuerzas prodemocráticas.
También en España. El año pasado, la Guardia Civil detuvo a seis personas tras desarticular tres talleres ilegales en Madrid, Jaén y León. Aun así, las autoridades españolas rebajan el nivel de alarma y señalan que se trata de una amenaza «de baja intensidad». Aunque cada vez incautan más armas de este tipo, apenas representan un 0,075% del total. Según confesaron fuentes de la Unidad Central Especial a la agencia EFE, hasta ahora «los casos que hemos detectado en España son ‘frikis'».