Si España o Francia quieren importar tomates del Sáhara Occidental o pulpo de las aguas frente a la excolonia española, deben contar con el visto bueno del Frente Polisario desde el exilio en Argelia, ya que es el legítimo representante del pueblo saharaui. No es suficiente consultarle a Marruecos o a representantes locales del territorio controlado por Rabat. Por ello, los acuerdos que durante estos años ha mantenido la Unión Europea con Marruecos sobre pesca, agricultura y productos agropecuarios no son válidos y deben ser anulados. Se firmaron “vulnerando los principios de autodeterminación”. Todo, según dictaminó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de forma ya inapelable el pasado viernes.
La decisión ha supuesto un revés político, diplomático y económico para España y Francia. Sus respectivas capitales enviaron abogados del Estado a Luxemburgo para pelear la decisión de 2021 en el mismo sentido del alto tribunal. Para los analistas consultados, la sentencia pone en entredicho la legalidad del reposicionamiento de ambos países respecto del conflicto del Sáhara Occidental. Pedro Sánchez se declaró hace dos años a favor del plan de Mohamed VI para incorporar el territorio como una autonomía dentro del Reino. El presidente galo, Emmanuel Macron, fue un paso más allá el pasado mes de julio y dijo que “la autonomía es la única base para una solución al conflicto” en el marco de la soberanía marroquí. Naciones Unidas apoya, por el contrario, un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, y tiene una misión específica para llevarlo a cabo, la Minurso.
“La sentencia va a tener mucho impacto porque dinamita cualquier intento de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara: eso significaría actuar en contra del derecho comunitario, que ha dicho claramente que esto no es lícito”, opina en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela especializado en el Magreb. “Aunque la carta de Sánchez no es un reconocimiento implícito, sino ambiguo, evidentemente queda desautorizado”.
José Manuel Albares recibió la noticia el pasado viernes poco antes de comparecer en el Congreso de los Diputados. El ministro de Exteriores dijo que no habrá cambio alguno en la posición española de acercamiento a las tesis de Rabat, pese a la disonancia con la sentencia europea. “Nuestra apuesta y nuestro compromiso con la estabilidad de la relación con Marruecos es firme y no se va a ver alterada«, afirmó el jefe de la diplomacia española. Puso en valor el comercio con el vecino más importante del sur, que alcanzó los 22.000 millones de euros el año pasado.
“Hay una discrepancia enorme entre lo dictaminado por los tribunales y lo que han decidido países como España y Francia”, argumenta Irene Fernández-Molina, profesora de Relaciones Internacionales de la universidad británica de Exeter. “Los estados miembros de la UE, como España o Francia, han priorizado una de las soluciones posibles al conflicto sobre las demás, y privilegian así una opción que no ha sido elegida por el pueblo. Va en contra de la idea de la autodeterminación, que obliga a que estas decisiones recaigan sobre el pueblo”.
¿Quién decide por los saharauis?
Para firmar la última ronda de acuerdos bilaterales de agricultura y pesca de 2019, y para evitar una nueva reprimenda de los tribunales como la que recibieron en años anteriores, la Comisión Europea y el servicio exterior de la Unión llevaron a cabo una serie de consultas con actores locales del Sáhara Occidental controlado por Marruecos. Sin embargo, no hablaron con el Frente Polisario porque este se negó. Tampoco con organizaciones civiles pro-independencia en el Sáhara. La sentencia considera por ello inválidos los acuerdos, y otorga al Frente Polisario la categoría de interlocutor necesario.
No hace tanto, Pedro Sánchez y su Gobierno eran cercanos a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. Sánchez se vio con él en Bruselas y la ex ministra de Exteriores, Arancha González Laya, dio el visto bueno para tratar a Ghali de covid en España en 2021. Esto enfureció a Marruecos, que desató una ola de presión migratoria sobre Ceuta sin precedentes. Laya fue destituida y Sánchez rehizo las relaciones con Rabat enviando una carta al rey alauita calificando su plan autonomista del “más serio, realista y creíble”.
Marruecos impulsa acuerdos con Rusia
El recorrido económico de esta sentencia está por definirse. Por un lado, el Gobierno de Marruecos amenaza con echarse en brazos de Moscú. Rabat ha asegurado este lunes que trabaja para «diversificar» sus alianzas internacionales. Subraya en particular una reciente prórroga de un pacto de pesca suscrito con Rusia, que “abarca las provincias del sur” [el Sáhara Occidental] y con un futuro «prometedor», informa EFE.
Por el otro, los saharauis dejan abierta la puerta a pedir compensaciones económicas e, incluso, llevar a los tribunales otras actividades internacionales en el Sáhara Occidental. “Vamos a escribir a todas las empresas y les vamos a dar quince días para que se pongan del lado correcto antes de retomar sus actividades, con nuestro permiso y pagando lo que corresponda. Contra las que no lo hagan, emprenderemos un camino judicial agresivo”, ha declarado Manuel Devers, el abogado del Frente Polisario y responsable de la victoria judicial en Luxemburgo. Devers ha advertido de las vías judiciales que se abren ahora, y que incluyen, por ejemplo, los vuelos internacionales a la ciudad saharaui de El Aaiún.
