La inauguración de los dos nuevos centros de reclusión de migrantes de Italia en Albania ha suscitado un sinfín de polémicas desde el minuto uno. Organizaciones humanitarias, activistas y políticos de izquierda y centroizquierda han estado en primera línea en las denuncias. Sin embargo, el inédito plan de externalización de fronteras —el mayor jamás concebido por un país de la Unión Europea (UE)—, también ha sido objeto de críticas por parte de juristas y expertos, quienes han cuestionado su validez en el marco de las leyes de derechos humanos.
El enredo jurídico es mayúsculo y, en muchos aspectos, aún irresuelto, lo que es parte del problema. En el último año, un reflejo han sido las rocambolescas respuestas de algunos representantes de las instituciones europeas, entre ellos la comisaria de Interior de la UE, Ylva Johansson, que llegó a afirmar que los centros de Albania no estarían «en contra de la ley europea, están fuera de ella». Esto a pesar de que el acuerdo entre Italia y Albania establece que la legislación en vigor dentro de los centros es la italiana y que los jueces que procesarán las peticiones de asilo son también italianos (el tribunal encargado está en Roma). Una nota de color es que, en el centro de Shëngjin —lugar de la primera acogida—, ondeaba en estos días una bandera de la UE al lado de la italiana.
Las posibles violaciones de Italia son múltiples, aunque una de las más repetidas es la que se refiere al principio jurídico que establece que, después de un rescate, el barco con los náufragos debe ir al «puerto seguro más cercano», algo que Italia estaría incumpliendo al someter los migrantes a una ruta más larga hacia un país no parte de la UE. Este principio se encuentra en al menos tres acuerdos internacionales: los Convenios SOLAS, SAR y UNCLOS. Tanto es así que esta es también una de los principales quejas de las oenegés que operan en el mar y cuyos barcos de salvamento en los últimos años han sido enviados repetidamente al norte de Italia, a grandes distancias del lugar del rescate.
Defensa justa
Otras preocupaciones están relacionadas con el derecho a un proceso justo para los migrantes que solicitan asilo. Los expertos en migración temen que los no tengan acceso a intérpretes y abogados que puedan seguir sus casos con la debida diligencia, lo que plantea dudas sobre el respeto a su derecho a una defensa justa. De hecho, según un decreto del pasado mes de julio, tanto intérpretes como abogados dispondrán de un presupuesto máximo de 500 euros para su desplazamiento a Albania.
Los problemas, sin embargo, podrían presentarse incluso antes. Para empezar, durante el proceso de selección de los que se envían a Albania. No está claro cómo se realizan estas pruebas y, según trascendió este miércoles por la noche, en el primer grupo de 16 migrantes enviados al país, había dos menores de edad y dos personas en condición de vulnerabilidad que no debían estar ahí y fueron devueltos a Italia.
Gestión acelerada
Tampoco hay claridad sobre qué pasará en caso de que el juez rechace el procedimiento de gestión acelerada de la petición de asilo, lo que debe decidirse en un plazo de 48 horas a partir de su ingreso en el centro de reclusión. El problema aquí es que el pasado 4 de octubre el Tribunal de Justicia europeo emitió una sentencia según la cual un país puede considerarse «seguro» si en todo su territorio no hay persecuciones o violaciones de los derechos fundamentales.
La respuesta, sin embargo, puede intuirse de las palabras del primer ministro albanés, Edi Rama, que ha repetido que no quiere que los migrantes se queden en su país. Algo que solo podría alargar el periodo de detención y lleva a la deducción lógica de que gran parte de los migrantes finalmente acabarán en Italia. Vuelta así a la casilla de salida. En cambio, en caso de que el juez autorice la reclusión y el migrante no obtenga ningún tipo de protección humanitaria, la incógnita es qué pasará en aquellos casos en los que el país de origen no colabora y no acepta la devolución del migrante, como ya ocurre habitualmente en muchos casos. Una situación que, en todo caso, se calcula que afectaría solo al 2% del total de los migrantes que Italia rescata en el Mediterráneo central.
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