Túnez celebra este domingo elecciones presidenciales en un clima de resignación y confusión: protestas y críticas de una oposición silenciada, detenciones y condenas entre los candidatos y una reforma electoral aprobada a pocos días de los comicios. Kais Saïed, actual presidente de país, se presenta a la reelección frente a solo dos candidatos, que difícilmente tienen opciones de dar un giro al guion previsto, que no es otro que su victoria y continuidad en el palacio presidencial de Cartago. Cerca de 10 millones de tunecinos están llamados a las urnas, aunque los analistas temen una baja participación. Estos últimos años, el país magrebí se ha visto inmerso en tensiones políticas, marcadas por la dirección tomada por Saied en 2021, de otorgarse plenos poderes, reformar y adaptar a sus intereses los diferentes organismos estatales, además de una oleada de detenciones contra políticos y activistas críticos con el actual rumbo.
Aunque la campaña electoral empezó a mediados de septiembre, en las calles tunecinas se ven pocos carteles o propaganda de los candidatos, el ambiente está más marcado por la resignación, algunas protestas y una agitación en todo lo que rodea la aprobación de las candidaturas. Si en los últimos comicios, una decena de candidatos se presentaron a la primera vuelta de las elecciones, este domingo, los ciudadanos solo se van a encontrar con una papeleta con tres nombres, acompañados de sus fotos. Una de las caras es conocida por todos: el actual presidente desde 2019, Kais Saïed; los otros dos, menos populares, son Zouhair Maghzaoui, del partido nacionalista Movimiento del Pueblo y Ayachi Zammel, antiguo diputado y empresario. Precisamente, este último, lo hace desde la cárcel. Estas últimas semanas ha ido encadenando condenas, la última, este martes. La justicia lo ha condenado a 12 años de cárcel por irregularidades en su candidatura, algo que su entorno califica de persecución política.
Reforma electoral exprés
La Autoridad Electoral dejó fuera de las listas a 14 de candidatos, entre ellos, Mondher Zenaïdi, exministro; Abdellatif Mekki, el antiguo dirigente del partido islamista Ennahda, e Imed Daïmi, también próximo a los islamistas. El Tribunal Administrativo aceptó los recursos de estos tres candidatos contra su exclusión y pidió que fueran readmitidos en la carrera electoral. Algo que provocó el rechazo de la Autoridad Electoral, que no ejecutó la decisión del tribunal. Según critican desde la oposición y el mundo académico, este organismo está controlado por el presidente. Precisamente, en la reforma electoral aprobada de manera urgente a finales de septiembre, lo que se hizo fue considerar al Tribunal Administrativo como incompetente para arbitrar el proceso electoral.
Esta reforma fue seguida con indignación por la oposición y los activistas, ya que muchos de ellos, consideraban que este tribunal judicial es de los pocos resquicios independientes que quedan en el sistema tunecino. Varias oenegés y más de 200 personalidades del país firmaron una petición para que la Autoridad Electoral aceptara a estos tres candidatos. También hubo protestas en las calles y el rechazo de un centenar de profesores de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho, que consideraban inaceptable esta reforma a pocos días de que abran los colegios electorales.
Silencio y encarcelamientos
Entre los sectores de la sociedad contra del actual dirigente del país, hay llamadas al boicot o a votar por Zammel, explica Bosco Govantes, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. «Prácticamente, todas las candidaturas que podían ser un poco competitivas contra el actual presidente han sido prohibidas», explica. Este experto en Túnez relata que «la situación política y social está marcada por un silencio mayoritario entre las organizaciones políticas y sociales, muchas de ellas están más centrados en intentar sacar a sus dirigentes de la cárcel que en mostrar su malestar contra la actual deriva».
Govantes pone el énfasis en el Decreto 56, aprobado en 2022, a través del cual pueden meter en la cárcel a cualquier persona que difunda en medios o redes sociales mentiras o falsedades contra el Estado. «Ha sido utilizado para encarcelar a periodistas o ciudadanos críticos con Saïed. Actualmente, los ciudadanos o las organizaciones no quieren hablar de política en público por la gran persecución que viven, tampoco los adversarios políticos se pueden expresar con libertad».
«Desde que tomó el poder en julio de 2021, decreto a decreto, golpe a golpe, el presidente Saïed y su Gobierno han debilitado dramáticamente el respeto a los derechos humanos en Túnez eliminando libertades fundamentales duramente conseguidas por la ciudadanía y alimentando un clima de represión e impunidad», afirmó Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, en un comunicado publicado por la organización.
La situación social también es complicada en el país, con una importante inflación y dificultades de la población para llegar a fin de mes. Este empobrecimiento de la población es un factor más que se suma al insólito e incierto panorama político. Las instituciones del Estado se han visto acaparadas por el presidente del país, desde que en 2021 decidió suspender al primer ministro, disolver el Parlamento y aprobar, un año más tarde, una reforma constitucional que otorgaba más poderes el presidente. Saïed ha defendido todos sus movimientos como la única manera de «salvar al país». Un discurso populista, incluso racista con los migrantes, y apelando habitualmente a las amenazas internas o externas. Poco a poco ha ido dejando fuera de juego a toda alternativa política o movimiento social que le pueda hacer sombra.
