Un tribunal de la sureña región de Tarija notificó por edicto al expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019), quien deberá comparecer ante esa instancia el próximo 14 de enero en un proceso por trata agravada de personas, por la supuesta relación con una menor de edad con la que habría tenido un hijo.
«Se señala audiencia pública presencial para el día martes 14 de enero a horas 9:30, sea con noticia de la autoridad fiscal y demás sujetos procesales», menciona el documento judicial emitido por el juez Nelson Rocabado del juzgado Quinto de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la violencia a la Mujer, que identifica a Morales y a la madre de la presunta víctima como «imputados».
El edicto indica que la supuesta víctima, menor de edad en 2014, «fue captada» por la ‘guardia juvenil’ liderada por el exmandatario y el grupo ‘Generación Evo’.
También precisa que la madre y el padre, este último detenido por este caso desde octubre, permitieron que la menor «tenga contacto directo» con Morales.
La notificación establece que el entonces presidente de Bolivia, «aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima y el asentimiento de los padres», consiguió que la menor «esté a su disposición» en diferentes lugares del país y del extranjero.
Asimismo, menciona que Morales utilizó a la presunta víctima «para satisfacer sus necesidades sexuales (…) en los diferentes eventos y viajes realizados sin considerar de que se trataba de una adolescente de 14 años».
Morales y sus seguidores han señalado en varias ocasiones que el caso fue rechazado hace algunos años y que ahora fue «desarchivado» con la finalidad de desprestigiarlo de cara a una candidatura para los comicios presidenciales de 2025.
El expresidente permanece en Lauca Ñ, una población de la zona central del Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, desde finales de septiembre, cuando la Fiscalía de la región de Tarija inició una investigación en su contra por posible trata de personas.
El anuncio de que existía una orden de captura contra Morales motivó a que sus seguidores bloquearan carreteras sobre todo en el centro del país durante 24 días, entre octubre y noviembre, con la exigencia central de que cese el proceso penal en su contra.
La semana pasada, el Ministerio Público imputó formalmente al expresidente boliviano y a la madre de la presunta víctima por trata y tráfico de personas agravado.
Hace unos días, las autoridades bolivianas emitieron una alerta migratoria en contra del expresidente, mientras que aún se aguarda una acción de la Policía para cumplir con el requerimiento judicial.
Ante esto, algunos dirigentes afines declararon que Morales cuenta con un resguardo de «élite» y advirtieron que «correrá sangre» si es que la Policía lo detiene.
El político pasó la Navidad rodeado de sus seguidores, quienes realizaron actividades como una cena por Nochebuena y una entrega de regalos a niños al día siguiente, y este les agradeció por cuidarlo.
Además del caso en Tarija, en Cochabamba hay otras siete denuncias por presuntos abusos a menores contra Morales y el mes pasado se conoció que se abrió una investigación penal en su contra por supuesta trata de personas y abuso sexual en Argentina, donde vivió durante un año, desde finales de 2019, cuando renunció a la Presidencia.
Estas investigaciones contra el político se dan en medio de su alejamiento con el presidente Arce por el control del MAS y la definición de la candidatura oficialista para las elecciones de 2025.
