Entre 320 y 16.000 euros por muerto y ni un céntimo por arresto. Las retribuciones de la policía filipina explican el amontonamiento de cadáveres durante la guerra contra la droga del expresidente Rodrigo Duterte. Las recientes revelaciones de una alto cargo jubilada alumbran aquel presunto misterio: la suicida pulsión de todos los sospechosos a liarse a tiros tan pronto veían a un policía que forzaba a este a abatirlos en defensa propia.
No había sufrido Duterte ningún testimonio tan incriminatorio ni inesperado como el de Royina Garma, su aliada durante décadas. Con su declaración en audiencia parlamentaria pretendía expiar sus pecados. «Me he dado cuenta de que la verdad nos libera y al menos quiero contribuir a hacer de este país un lugar mejor para nuestros hijos», dijo con lágrimas antes de describir el sistema ideado por su antiguo jefe. Todo empezó con una llamada a las 5 de la mañana en 2016. Duterte acababa de vencer en las elecciones presidenciales y le dijo a Garma que acudiera a su domicilio. Allí escuchó su petición: buscar a un hombre de la policía nacional o de la Iglesia Ni Cristo, un grupo cristiano afín a Duterte, que pudiera replicar la fórmula utilizada en Davao, una ciudad sureña, de la que había sido alcalde durante dos décadas. Consistía en una escuadra de la muerte que disparaba a todo lo que, con un criterio muy laxo, pareciera un delincuente.
No le había ido mal así a Duterte. Convirtió una ciudad castigada por el crimen en una de las más seguras del país y acrecentó la reputación que le llevó hasta Manila. Duterte el Duro, el Castigador, El Ejecutor… Un país devastado por la violencia y hastiado de políticos remilgados e incompetentes abrazó su discurso granítico y populista. En las elecciones había prometido llenar la bahía de Manila de cadáveres, aconsejado las funerarias como negocio de futuro y concedido inmunidad a los policías que dispararan a los adictos. Su estrategia era imaginativa: más que limpiar las calles de drogas, quería limpiarlas de drogadictos.
30.000 muertos
El modelo, describió Garma, establecía recompensas por muerto, fondos para las misiones especiales y reembolsos de los gastos operativos. Su aplicación a nivel estatal dejó unos 30.000 muertos, según cálculos conservadores. La policía sostenía que sólo disparaba a los que se resistían al arresto mientras la oposición y las organizaciones de derechos humanos hablaban de crímenes contra la humanidad y escuadrones de la muerte amparados por el Estado. El debate se simplifica a una guerra de siglas: DUI (muerte bajo investigación) para unos, EJK (ejecuciones extrajudiciales para otros). No sólo se denunciaba la masacre sino su impunidad. Amnistía Internacional tituló su informe ‘Si eres pobre, estás muerto’ porque el grueso del castigo se lo llevaron arrabales de dolorosa pobreza.
De gobiernos occidentales y organizaciones de derechos humanos coleccionó críticas Duterte pero su apoyo popular nunca bajó del 80%. La gente, en Asia o Centroamérica, está dispuesta a muchas renuncias y a mirar a otro lado a cambio de seguridad. Los filipinos le aseguraban a este corresponsal en aquellos años que al fin podían pisar la calle tranquilos.
Aquella sociedad adormecida y condescendiente con la subordinación de los medios al fin pareció romper su idilio con Duterte tras la muerte de Kian Loyd Delos. El joven de 17 años ayudaba a su padre en una humilde tienda de comestibles y estudiaba duro para ser, paradójicamente, policía. Defensa propia, alegaron los agentes. Las cámaras revelaron que le pusieron un arma en la mano y le ordenaron que corriera antes de abatirlo. «Por favor, dejadme volver a casa. Mañana tengo un examen», había suplicado. Se sucedieron las manifestaciones y las declaraciones de condena durante semanas, después se desvaneció el ‘efecto Kian’.
Sintonía Duterte-Marcos
Duterte siempre ha negado su implicación con los escuadrones de la muerte. Las revelaciones de su lugarteniente le contradicen pero es dudoso que cambien su horizonte. Respondió a la investigación de la Corte Penal Internacional (ICC, por sus siglas inglesas) sobre crímenes de guerra sacando a su país del tratado. El presidente actual, Ferdinand Marcos Junior, explicó en enero que ese órgano menoscababa la soberanía filipina. A los Duterte y los Marcos, las dinastías políticas más relevantes de las últimas décadas en Filipinas, no les ha faltado sintonía. El hijo del dictador, de hecho, contó con la hija de Duterte en su equipo de Gobierno. Pero el lenguaraz expresidente ha cargado sin piedad contra su sucesor en las últimas semanas y arruinado la armonía. En ese nuevo clima revuelto confían las familias de los fallecidos para un reingreso en el ICC. Kristina Conti, representante de muchas de ellas, ha pedido al Gobierno que envíe las nuevas evidencias al tribunal internacional y permita a los investigadores entrevistar a Garma.
No parece inquieto Duterte. A sus 79 años se presenta de nuevo a la alcaldía de Davao, con prometedoras expectativas de éxito. Nadie puede sentirse engañado con él: se sabe de sobras lo que ofrece y su factura.
