El ultraderechista Javier Milei va por todo. En una ley ómnibus de 664 artículos enviada el miércoles al Congreso, exige que diputados y senadores le deleguen atribuciones legislativas, el poder de cambiar leyes de un plumazo y hasta modificar el sistema electoral argentino. La excusa es la crisis económica, el combustible que le dio el 30% de los votos en primera vuelta y el 55 en la segunda. Pero su deriva autoritaria se topa con un escollo: los partidos políticos de la oposición, que controlan el Parlamento, no están dispuestos a cederle semejante suma de poder. No todos están en contra de los cambios que propone Milei, pero sí en las formas, que consideran reñidas con la Constitución. Milei los tiene contra las cuerdas: son “la casta”, les dice, y tendrán que decidir si están a “a favor de la libertad” o de un “modelo empobrecedor”, basado en el Estado como motor de la economía y redistribuidor de la riqueza. Los argentinos, sostiene, han votado por destruir todo lo conocido y barajar de nuevo. La duda está en si lo han hecho a cualquier precio.
En menos de 20 días, Milei firmó un decreto que modifica o deroga sin discusión más de 360 leyes; impulsó luego un protocolo de acción contra las protestas callejeras, el más duro desde el regreso a la democracia en 1983; ahora envió un proyecto de ley que tituló “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”. Entre sus principales puntos está la facultad de privatizar medio centenar de empresas, una subida de impuestos a la clase media, cambios en la conformación de la Cámara de Diputados, aranceles cero para todas las importaciones, el fin de la actualización automática de las pensiones y hasta un beneficio extraordinario a las grandes cadenas de venta de medicamentos y libros. Incluye también límites extraordinarios a las protestas, al considerar una “manifestación” cualquier reunión de más de tres personas en la vía pública. El combo se completa con la declaración de la “emergencia pública” hasta el último día de 2025, un plazo prorrogable, por decisión del Ejecutivo, hasta el final del actual mandato presidencial.
Los planes de Milei chocan contra, al menos, tres cortafuegos. El primero es judicial. El decreto y, es de esperar, artículos puntuales de la ley ómnibus sumarán impugnaciones de las partes afectadas ante los tribunales. Respetados juristas, muchos de ellos conservadores, advirtieron de la inconstitucionalidad de reformar a sola firma, por ejemplo, el régimen impositivo. El segundo, es sindical. Milei ha enfrentado ya dos manifestaciones de movimiento sociales, y ahora se ha sumado a la CGT, la central que agrupa a los principales sindicatos peronistas. La dirigencia anunció una huelga general con movilización para el 24 de enero. El tercer cortafuegos se está armando en el Congreso.
El partido de Milei, La Libertad Avanza, está en minoría en ambas Cámaras. Sumará algunos votos más de los diputados y senadores que responden al expresidente Mauricio Macri (2015-2019), pero necesitará más que eso para imponer su ley ómnibus si pretende mantenerse dentro de las reglas del juego democrático. Desde la Unión Cívica Radical (UCR), alguna vez parte del Gobierno de Macri, advirtieron que no votarán una ley “de tintes napoleónicos”. “Los cambios, para que se sostengan, deben tener consensos”, advirtió el presidente de uno de los bloques en que se divide el partido centenario, Rodrigo De Loredo. “Probablemente nos choquemos con el noviazgo electoral, pero para nosotros es inadmisible una delegación de facultades que prácticamente se traduzca en la anulación del Parlamento. Si está de moda ahora, bueno, que la casta, que los diputados son todos unos inútiles, me tiene sin cuidado”, dijo. El presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, también en el pasado aliado de Macri, dijo que el proyecto de Milei está “desordenado y trata temas muy distintos en una sola ley”. “Tenemos que ser rigurosos y pedir que los ministros vengan al Congreso a decirnos cuál es la prioridad”, dijo.
La oposición más dura está en el peronismo, que es la primera minoría en la Cámara Baja con 102 diputados y controla el Senado. El exministro de Interior del kirchnerismo, Eduardo de Pedro, adelantó que tanto el decreto como la ley ómnibus “son innegablemente inconstitucionales y buscan reunir la suma del poder público en manos del presidente, violando los principios más básicos de nuestro sistema republicano, representativo y federal”. Milei necesitará al menos 16 votos peronistas para alcanzar la mayoría especial que exige la Constitución para aprobar algunos artículos de su proyecto, como el referido al régimen electoral. Desde la izquierda tradicional cargaron contra los límites que Milei pretende imponer a la protesta callejera. Según el proyecto de ley, cualquier reunión de más de tres personas deberá ser autorizada por el ministerio de Seguridad y los responsables deberán hacerse cargo de costear los gastos en policía que la movilización suponga. “Esto es establecer una monarquía. El que vota eso, vota dictadura”, escribió en las redes Myriam Bregman, diputada por el Frente de Izquierda.
Desde el Gobierno, en cualquier caso, minimizan el desafío. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, lanzó el jueves una advertencia: “Veremos quiénes son los [diputados y senadores] que se oponen [al decreto y la ley de Milei]. Deberán analizar qué intereses tienen para no cambiar cuando la ley es más libertad, más trabajo y más crecimiento”. La estrategia es clara: todo aquel que se opone a los cambios que impulsa Milei está en contra del 55% de los argentinos que dieron su voto “al cambio”. Adorni aclaró que por ahora no está en agenda llamar a un referéndum en caso de que el Congreso anule parte de la ley ómnibus o vete el decreto, que debe ser avalado a libro cerrado. “Se trató de una situación hipotética”, contestó, cuando se le recordó que el propio presidente había amenazado con convocar a un plebiscito que la Constitución prevé, pero solo para casos excepcionales.
Milei ha tensado al máximo las reglas de la democracia argentina. Cuando asumió, el 10 de diciembre, dio la espalda a los diputados y senadores que lo esperaban en el Congreso y habló a la multitud que lo aclamaba. Ahora exige al Congreso que le ceda poderes extraordinarios, mientras los acusa de ser responsables de la ruina del país. Milei confía en que su popularidad bastará para doblegar al poder político y saltarse las reglas, mientras se considera mandatado por “las fuerzas del cielo”. Este jueves por la mañana, el presidente y sus ministros salieron sin previo aviso al balcón de la Casa Rosada para saludar a los transeúntes que vagaban por la Plaza de Mayo, la mayoría de ellos turistas. Vestía una chaqueta negra de piel cerrada hasta el cuello, pese los 30 grados del verano austral. “Tenía ganas de salir [al balcón] y salió. Me parece interesante que sienta que estamos cerca de la gente”, explicó su portavoz, Adorni.
La gran incógnita es hasta cuándo podrá seguir tan cerca de la gente como pretende si no muestra resultados económicos cuánto antes. La inflación crece al 1% diario y las primeras medidas anunciadas por el Gobierno suponen el recorte de las ayudas sociales, el despido de más de 5.000 funcionarios, la disparada de los precios de los alimentos, subidas en las facturas de los servicios públicos y el congelamiento temporal de las pensiones. Milei deberá convencer a los votantes de que el recorte del Estado que ha iniciado afectará solo a “la casta” política, una promesa de campaña que aparece cada vez más lejana.
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