Es un grafiti rudimentario. Hecho con poco estilo, pero con la suficiente pericia para dejar bien clara la amenaza de violencia que impera en el territorio que se está a punto de traspasar: sobre una barda blanca, un rifle AK-47 pintado con trazos negros da la ‘bienvenida’ a una pequeña comunidad de Zumpango, a unos 20 kilómetros del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Se trata de uno de los 8 municipios del corredor del nuevo aeropuerto, donde en tan solo cuatro años, el tiempo entre la construcción de esta infraestructura ‘estrella’ del gobierno de López Obrador y su inauguración en marzo de 2022, delitos como la extorsión o el cobro de piso, los robos y también los asesinatos, se han disparado por arriba del 100% en algunos casos, mientras que otros ilícitos con el sello del crimen organizado, como el robo de combustible (el huachicoleo), también han aumentado en localidades, precisamente, como Zumpango.
Juan no se llama así, pero pide anonimato por temor a represalias. Vive en la comunidad ubicada a unos cinco kilómetros de la cabecera de Zumpango, en una casa de planta baja rodeada de milpas de maíz y de mucha vegetación, donde se reúne en un enorme jardín con otros vecinos de la comunidad y de otras localidades vecinas, como Tecámac.
No son una guardia vecinal, precisan, como la que integraron el pasado 2023 unos 80 ciudadanos de Tultepec, localidad ubicada a tan solo 20 kilómetros de los límites de la Ciudad de México. Pero periódicamente se juntan para exponer y analizar los problemas de abasto de agua que padecen y también los de inseguridad; dos de los problemas más añejos del Estado de México.
–Aquí se roban hasta los cables del alumbrado público y del teléfono –se quejan con risas cansadas al calor de unos cafés de olla.
Sentado en una silla de plástico junto a unos perros que interrumpen la entrevista de vez en cuando con ladridos, Juan expone que el incremento de la violencia en la zona tuvo su origen en el ya lejano inicio de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, allá por 2007, y la construcción de unas unidades habitacionales en Zumpango, Tecámac, Huehuetoca, y en otros municipios vecinos, a las que se les puso el pomposo nombre de ‘Ciudades Bicentenario’.
–Desde que empezó ‘la guerra contra el narco’, nos empezamos a habituar a cosas que antes nunca habíamos imaginado, como ver pedazos de cuerpos de personas que quedaban tirados en la calle, cartulinas con amenazas, gente colgada en los puentes, personas secuestradas…
Y ahora, tras la construcción del nuevo aeropuerto en 2019, todos esos procesos se han vuelto a disparar, hace hincapié, aun y cuando este megaproyecto de infraestructura en el que se han gastado más de 80 mil millones de pesos promete entre sus principales objetivos un impulso económico de toda la zona y de desarrollo social para reducir la marginación y la violencia.
–Cuando se decidió que toda esa zona de Zumpango iba a crecer mucho con un nuevo aeropuerto, fue como darle un aviso al crimen organizado de que era el lugar adecuado para hacer negocios, para especular con los terrenos de los municipios de alrededor, para cobrar derechos de piso a los transportistas y comerciantes, y para surtir droga a los narcomenudistas locales.
Por poner un ejemplo de esa criminalidad, agrega Juan, en las comunidades de Zumpango muchas personas se dedican al comercio de pollo en rastros, tianguis y mercados, donde al día se sacrifican alrededor de 20 mil aves, lo que implica que hay gente trabajando a marchas forzadas desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente.
–Hay gente que trata de aguantar esas jornadas tan largas usando algún tipo de metanfetamina o consumiendo cristal. Estamos hablando de una criminalidad local, es cierto, ¿pero quién surte esas sustancias a los delincuentes pequeñitos para que las vendan?
Juan hace una pausa enfática, observando al periodista que tiene delante.
–Pues el narco –se responde con una sonrisa tenue y encoge los hombros, como si fuera lo más obvio del mundo–. Todo esto ha crecido mucho en los últimos años y es lo que nos preocupa.
Lo anterior se corrobora también con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública federal.
Por ejemplo, en Nextlalpan, una población de apenas 22 mil habitantes ubicada a tan solo unos 9 kilómetros del nuevo aeropuerto, los asesinatos se dispararon 233%: de 6 en 2019 a se pasó a 20 en 2022; y los robos aumentaron 63%: de 318 se pasó a 520.
En Tultepec, donde ya se han conformado guardias vecinales contra la delincuencia, las denuncias por extorsión se dispararon 146% en 2023 (de 24 en 2019 se pasó a 62), los asesinatos subieron 58% (de 24 en 2019 se pasó a 38 en 2022), y los robos aumentaron casi 20%.
En Tecámac, de 99 denuncias por extorsión en 2019 se pasó a 156 en 2022, un alza del 57%; mientras que en 2023, a falta aún de contabilizar los datos de diciembre, sumaron 123, superando ya las cifras del 19 y el 20.
En Tultitlán (Lechería), las extorsiones se dispararon un 97%: de 62 denuncias se pasó a 122 en 2023. Y los homicidios aumentaron 27% en cuatro años (de 95 a 121).
En Jaltenco los robos aumentaron 32%: de 189 se pasó a 249 denuncias. Y en Tonanitla subieron 70%: de 91 a 155.
En Tizayuca, en el vecino estado de Hidalgo, las denuncias por extorsión pasaron de 20 a 40 en 2023, un aumento del 100%, mientras que los robos aumentaron 85%: de 739 en 2019 se pasó a 1 mil 363 en 2023; y los homicidios subieron 166%, de 9 a 24.
Y en Zumpango, donde está el aeropuerto, se pasó de 69 denuncias por extorsión en 2019, a 81 en 2022, un alza del 17%. En 2023, ya sumaban 60 a falta del dato de diciembre. Y los robos aumentaron 23%: de 2 mil 063 denuncias se pasó a 2 mil 532, aunque los homicidios sí bajaron 10% en 2022, con 76 casos (en 2023, a falta todavía de diciembre sumaban ya 75).
Cabe mencionar que actualmente todos, a excepción de Tonanitla, gobernado por el aliado morenista Partido Encuentro Social, son municipios dirigidos por alcaldes emanados de Morena, el partido del presidente López Obrador.
Asimismo, todo lo anterior está enmarcado en un contexto como el del Estado de México, donde entre 2018 y 2023 las denuncias por extorsión aumentaron hasta 129%: de 1 mil 629 se pasó a 3 mil 725. Mientras que el narcomenudeo aumentó 58%: se pasó de 1 mil 964 denuncias a 3 mil 111 en 2022 (si se compara con 2023 el aumento fue del 33.5%, aunque aún faltaba por contabilizar el mes de diciembre).
Además, entre enero y junio del año pasado, Petróleos Mexicanos reportó 925 tomas clandestinas de combustible en la entidad, de huachicoleo (un 14% más que el año previo), siendo Zumpango uno de los lugares con más tomas identificadas, con 54, seguido de Huehuetoca, con 44, que aunque no forma parte del corredor del AIFA está a poco más de 30 kilómetros del nuevo aeropuerto.
117 mil viviendas abandonadas
Juan opina que en todo lo anterior ha tenido mucho que ver la “desintegración” de las comunidades pequeñas y medianas con la llegada de grandes proyectos urbanísticos, como el AIFA o las Ciudades Bicentenario, así como el incremento del flujo de población alrededor del aeropuerto, la construcción de nuevas vialidades, más, claro, la proliferación en los últimos años de bandas y grupos del crimen organizado. De acuerdo con una información que publicó Animal Político en 2020, en todo el territorio mexiquense operan al menos 26 grupos criminales, con el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana disputándose el control del estado por encima del resto.
–En algunos de los nuevos desarrollos urbanísticos de la zona se han encontrado casas de seguridad donde venden drogas o mantienen a personas secuestradas, y ha habido enfrentamientos muy fuertes con la autoridad. Y todo esto nos deja ver que la urbanización no solo es una cuestión de llegar y poner muchas casas, sino que es algo que también atrae mucha violencia.
Precisamente, en 2020, poco después del arranque de las obras del AIFA, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial federal (Sedatu) elaboró un informe en el que advertía que, en efecto, hay varias zonas de “alta inseguridad” en los ocho municipios que están en las proximidades del aeropuerto.
Entre los factores de inseguridad expuestos en el diagnóstico estaban varios relacionados con una mala planeación urbanística de la zona, desde muchos años atrás. Por ejemplo, la Sedatu detectó deficiencias y riesgos para viajar en transporte público en estas localidades, la existencia de vías discontinuas y desestructuradas para comunicar el nuevo aeropuerto con el Valle de México (ya en la actualidad se terminaron varias carreteras y se espera que para este 2024 terminen las obras del Tren Suburbano), altos índices de desempleo y falta de oportunidades, así como carencias en la infraestructura educativa y de desarrollo sustentable en la zona, que trajeron como resultado el abandono de las miles de viviendas de interés social construidas en el gobierno de Felipe Calderón.
El problema con esas ‘Ciudades Bicentenario’, apunta en entrevista Álvaro Lomelí Covarrubias, coordinador general de Desarrollo Metropolitano y Movilidad de la Sedatu, es que “se construyeron muchas casas, pero sin ciudad”. Es decir, se levantaron muchas viviendas, pero sin infraestructura a su alrededor, ni servicios, ni comercios ni industrias que generaran empleo, lo que implicó que de 1 millón 600 mil habitantes que hay en los 8 municipios del corredor del AIFA, 7 de cada 10 tuvieran que hacer traslados en transporte público de 2 horas en promedio para trasladarse a otros municipios, o a la Ciudad de México, para poder trabajar. Lo que, a la postre, desembocó en un abandono masivo de esas viviendas.
De hecho, según datos de la Sedatu, en los ocho municipios que están alrededor del AIFA hay 117 mil viviendas abandonadas, las cuales, según denuncian vecinos como Juan, algunas son utilizadas por el crimen organizado y la delincuencia local como ‘casas de seguridad’ donde mantener cautivas a personas, o para vender drogas.
–El diagnóstico que se hizo, previo a la llegada del AIFA, era ese: falta de infraestructura, de servicios y empleo, y miles de viviendas abandonadas: un caldo de cultivo perfecto para que se generara violencia en la zona –plantea el funcionario federal de la Sedatu, Álvaro Lomelí.
Los ‘cárteles’ del agua y el transporte
Mauricia también pidió que se le modificara el nombre. Ella es empresaria del sector del transporte concesionado en Tecámac, donde, además de los asaltos, dice que padecen el flagelo del “renteo”, es decir, del cobro de extorsión por parte del crimen organizado que les llega a exigir hasta 120 mil pesos a la semana, “más sus respectivos aguinaldos”, con la amenaza de quemar las unidades o de robarlas si no se deposita “en tiempo y forma”.
–El renteo es un cobro de piso que padecemos desde hace 13 años las líneas de autotransporte. En aquel entonces, pensamos que era solo una ráfaga de violencia, hasta que nos dimos cuenta de que no, de que esa gente llegó para quedarse –plantea la mujer, que, a pesar de hablar sola desde un cobertizo en la casa rústica de Juan, baja mucho la voz por temor a que alguien la escuche.
Al igual que Juan, Mauricia considera que, si bien la violencia ya se había desbordado en la zona desde años atrás, la llegada del nuevo aeropuerto ha empeorado todavía más las cosas.
–La violencia ha aumentado con el aeropuerto, eso es un hecho –hace hincapié con el ceño fruncido y mirando desconfiada hacia los maizales que tiene alrededor–. Esas gentes (los narcos) empezaron a llegar a los pueblos aledaños a Santa Lucía y empezaron a amenazar a los ejidatarios también, diciéndoles que si vendían sus tierras les tenían que dar un porcentaje a ellos, o que, si no, se las tenían que dar para ellos revenderla.
El señor Juan interviene de nuevo en la plática para exponer que, cuando se habla de crimen organizado, no solo están haciendo referencia a la clásica imagen de sicarios en camionetas y gente que te secuestra o desaparece. En la zona, subraya, hay muchos tipos de crímenes organizados y de cárteles y bandas locales.
–Por ejemplo, hay una organización de dueños de pipas que transportan agua potable y que son una forma de crimen organizado, pues lo que hacen es que si llega alguien de otra empresa de agua a la zona, lo agreden para que no pueda trabajar y se vaya.
Así sucedió, subraya, en las obras del AIFA, donde asegura que empresas subcontratadas por la Sedena no permitieron la entrada de otros contratistas mediante amenazas, agresiones y hasta quema de vehículos. Y así pasa también con los “cárteles del transporte” en toda esa región de Zumpango, Tecámac y los otros municipios colindantes con el AIFA.
–Podría parecer que el crimen organizado es la gente que te secuestra o te vende drogas. Pero no, el crimen organizado en esta zona ha rebasado todo eso, porque lavan el dinero y justifican su existencia de manera lícita, y una de las formas de hacerlo son estos cárteles de transporte público o del agua, que golpean a otras empresas para acaparar el negocio.
Y ni la presencia del Ejército en el AIFA, apunta, ni de la Guardia Nacional, han inhibido el delito.
–El que estén los soldados no afecta en nada a la delincuencia. Es un mito que si ellos están, automáticamente el delincuente, o el narco, va a dejar de actuar.
Lo que no es un mito, agrega a continuación Juan, es que, tal y como sucede en múltiples puntos del vecino estado de Michoacán, o en Guerrero, la gente está tomando cada vez más las armas por su cuenta en el Estado de México, tal y como se vio en diciembre pasado en Texcatitlán, a unos 65 kilómetros de la capital mexiquense, Toluca, con dirección al sur del Edomex. Ahí, los pobladores, que también viven situaciones idénticas de violencia, robos y, sobre todo de cobros de extorsión, respondieron a plomazos las agresiones del cártel de La Familia Michoacana. Un suceso que, a decir del comunero, fue algo extraordinario por el nivel de violencia con que la comunidad se revolvió y mató a una decena de sicarios que les exigían la cuota.
–Acá alguna vez nos hemos organizado para hacer patrullajes civiles, pero nunca nos hemos planteado tener una confrontación tan directa con el narco. Porque sí nos intimida, claro –dice y encoge los hombros–. No estamos armados, ni tampoco pretendemos ser un movimiento armado.
El hombre hace una pausa y observa a lo lejos los postes de la luz donde cuelgan unos cables, luego de que alguien tratara de robarlos.
–Pero, al mismo tiempo, este tipo de ‘estallido’ de la gente deja ver, por un lado, que el narco ya tiene harta a la población. Y, por el otro, que las comunidades se están armando cada vez más para hacer el trabajo que no hace el Estado. Y esto, aunque ya es más frecuente en el país, me parece algo realmente extraordinario y muy preocupante –concluye Juan.
“Hay que dejar madurar el proyecto del AIFA”
Para este texto, Animal Político buscó al gobierno del Estado de México, así como a los municipios de Zumpango y Tultepec, donde transcurrirá la segunda parte de la crónica. Sin embargo, ninguno dio respuesta. Quien sí concedió una entrevista fue la Sedatu, una de las dependencias federales implicadas en el proyecto del AIFA.
En una plática en su despacho en la colonia Condesa de la Ciudad de México, Álvaro Lomelí, coordinador de Desarrollo Metropolitano y Movilidad, destacó que, una vez construído el nuevo aeropuerto, el objetivo es que la infraestructura vaya “regulando” poco a poco “la desigualdad y el desorden territorial que existe en el Valle de México”, convirtiéndose “en un polo de desarrollo” que para 2052 haya generado más de 80 mil empleos y la promoción de nuevos parques industriales “que permitan aprovechar el gran potencial del AIFA”.
Con el aeropuerto, esperan que ahora se vaya reduciendo la marginalidad y la violencia. Aunque para eso, admite el funcionario, se requiere de tiempo.
–Hay parte de la población en el corredor del AIFA –se le plantea en entrevista– que están formando guardias vecinales para defenderse, pues denuncia un aumento de delitos como la extorsión o los robos, a pesar de la inauguración del nuevo aeropuerto. ¿Qué se les puede decir a estas personas? ¿Por qué sigue habiendo tanta violencia?
–Bueno, creo que al proyecto todavía le falta madurar, pues aún falta que se concluyan dos o tres cosas, como el Tren Suburbano, que van a generar una mejor infraestructura todavía.
–Además –agrega–, hay que tener en cuenta que toda esa zona ya estaba muy desfragmentada, sobre todo, Tultitlán y Tultepec, donde hay mucha pobreza, invasiones de toda índole, y donde el crimen organizado está muy fuerte por el tema del huachicol. En Tultepec, por ejemplo, nos bajaron un dron a tiros cuando estábamos haciendo un estudio porque había una bodega con huachicol.
Lomelí da un sorbo de su café, que deja sobre su escritorio.
–Son municipios con serios problemas –continúa su planteamiento–, y el gobierno estatal entrante (de la nueva gobernadora de Morena, Delfina Gómez) tiene claro que, si quiere aprovechar una infraestructura como el AIFA y del nuevo Tren Suburbano, tiene que hacer algo en materia de seguridad. Y también hacer inversiones para ayudar a mejorar las condiciones. Yo esperaría que, de verdad, no todo se quede en acciones del Gobierno Federal, sino que el Estado también le entre, y que el sector privado también lo haga, para que esta zona, que estaba en franco deterioro antes del AIFA, pueda tener mejores condiciones para los ciudadanos –finaliza el funcionario.
