Andorra ha facilitado a la Justicia española la información que le solicitó sobre Gerard Piqué para su investigación por el caso Supercopa. Lo ha hecho, no obstante, con un importante matiz: ninguno de los documentos recopilados por las autoridades del Principado podrá ser utilizada para acusar al ex futbolista y empresario de un delito de corrupción entre particulares. Solo podrá servir como sustento de una acusación de administración desleal si así lo estima oportuno de la jueza española que investiga las presuntas irregularidades cometidas en el seno de la Real Federación Española de Fútbol bajo el mandato de Luis Rubiales.
«La información requerida única y exclusivamente puede ser facilitada para la persecución por las presuntas infracciones penales consistentes en un delito de administración desleal, excluyendo en todos los casos la corrupción privada», recogen las autoridades judiciales andorradas en la documentación remitida a la jueza que instruye el llamado caso Supercopa y a la que ha tenido acceso esta redacción.
Los dos delitos investigados
Andorra adopta esta postura porque la corrupción, que era uno de los dos delitos por los que la jueza Delia Rodrigo justificaba la petición de ayuda a las autoridades andorranas, no existe en el código penal del país pirenaico si no hay una entidad o funcionario público involucrados. Y la RFEF, que es la organización sobre la que gira el caso, no lo es, como tampoco lo son ninguna de las personas jurídicas investigadas en el proceso.
Según explica el informe, al que ha tenido acceso este diario, Andorra requirió durante meses al Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, Madrid que enviase información que justificase que la Federación sí es un organismo público (no lo es), o, de lo contrario, no investigaría las cuentas de Piqué y sus empresas por este delito. Las peticiones, según las últimas respuestas del juzgado, fueron infructuosas.
Más de 400 páginas de informe
Así, la información requerida mediante comisión rogatoria por la jueza Rodrigo, que ya tiene sobre la mesa un informe de más de 400 páginas con los movimientos y los saldos de las cuentas en Andorra del ex capitán del Fútbol Club Barcelona y de la selección, solo se ha recabado para poder ser utilizada en una acusación por administración desleal.
Desde mayo de este año, Gerard Piqué figura como imputado en el caso que investiga irregularidades en la RFEF, tanto por la cláusula del contrato de la Supercopa de España que garantizaba su cobro de comisiones como por el hecho de que fuera jugador en activo cuando se firmó el acuerdo.
Investigan pagos de Piqué a Rubiales
Lo que los investigadores querían descubrir con esta información es, entre otras cosas, si los cuatro millones de euros anuales de comisión saudí que se llevaba Kosmos, una de las empresas de Piqué, por intermediar en el contrato que llevó la Supercopa de España a Arabia Saudí, tenían algún retorno a Luis Rubiales o alguno de sus directivos.
En concreto, la jueza y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tenían la vista fijada en dos transferencias bancarias desde Andorra de 12 y 2 millones de euros y en el dinero que ingresó el FC Andorra, el equipo que es propiedad de Gerard Piqué.
Un crédito de 15 millones
Según los informes remitidos por Morabanc, una de las entidades financieras consultadas, esas transferencias corresponderían a un crédito de 15 millones de euros que se le concedió a Piqué en febrero de 2021 para que llevase a cabo una ampliación de capital en Kerad Holding, su grupo empresarial, y pudiese afrontar inversiones en el sector hotelero en Barcelona. Se hizo, además, con el aval de que el aún deportista en activo seguía teniendo un contrato de trabajo con el Fútbol Club Barcelona, club del que se retiraría a finales de 2022.
Ese dinero llegó, según demuestra la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, apenas unos meses después de que los millonarios pagos de las comisiones comenzasen a fluir desde SELA, la sociedad pública de Arabia Saudí, hacia Kosmos, la empresa de Piqué.
