- El programa busca atender los factores de pobreza, familiares, escolares y sociales
El Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) presentaron un plan piloto para una atención y seguimiento integral de los niños y adolescentes en situación de calle con el objetivo de garantizarle a esta población vulnerable sus derechos fundamentales.
La primera dama, Raquel Arbaje, explicó que el Modelo de Intervención para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en Situación de Calle y Movilidad en Espacio Públicos se ha consensuado con las 15 instituciones que conforman el gabinete que ella preside, y se asignaron a ellas roles específicos. Con los representantes de cada una de ellas se ha constituido la Unidad Técnica Operativa (UTO), que estará a cargo de su ejecución.
Cada una de las entidades ha realizado una serie de entrenamientos para que, lejos de ser un operativo de retiro de niños y adolescentes de las calles, sea realmente una respuesta integral, según las palabras de Ana Cecilia Morun, presidenta del Conani.
Alberto Padilla, encargado del departamento de Políticas, Normas y Regulaciones de Conani, hizo la exposición con los detalles del proyecto, que busca “responder a cada uno de los factores que inciden para que los niños terminen en las calles: la pobreza, disfunción familiar crítica, escuela ausente y débil cohesión social”.
Se han identificado ocho perfiles de niños en situación de calle que son los parqueadores y limpiavidrios, los utilizados por adultos para mendicidad, los que mendigan por cuenta propia, los vendedores de frutas u otras mercancías, los que mendigan en zonas turísticas o recreativas, los recicladores de basura o buzos, los que son usados para distribuir drogas o cometer ratería y los que son utilizados para otro tipo de trabajos peligrosos
El plan comenzó en enero como un piloto en el Distrito Nacional, para luego ser extendido a Santo Domingo y posteriormente al resto del país. En esta etapa la meta es abordar entre 20 y 25 casos por semana de niños utilizados por adultos con perfil migratorio, mendigos en plazas comerciales y en semáforos. Estará a cargo de la Unidad Técnica Operativa (UTO), con la colaboración de instituciones y actores claves de la red de servicios de apoyo de la Alcaldía del Distrito Nacional y del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. Asimismo, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Procuraduría General de la República (PGR), Comedores Económicos, Supérate, Dirección General de Migración (DGM), Ministerio de Deportes, Gabinete Social y el Ministerio de Educación.
El nuevo modelo de intervención comienza con una detección y continúa con un abordaje inicial del caso, que implicará una evaluación psico-social y legal. En ella se va a realizar un diagnóstico preliminar para la determinación del grado de vulnerabilidad y una valoración de las alternativas de solución y toma de medidas de protección, de forma provisional.
Se ejecutarán modalidades de atención residencial o ambulatoria, en el medio familiar, en la comunidad, de apoyo social y de orientación y asistencia legal. El Ministerio Público acompañará el proceso, procesará a los adultos responsables, entregará a los niños por medio de acuerdos y dará un seguimiento judicial a los adultos.
Tras superar los indicadores de superación de la vulnerabilidad, habrá un programa de seguimiento y acompañamiento socio-familiar y escolar hasta cerrar el caso.
El Conani dará seguimiento directo con los directores de las escuelas donde los niños sean reintegrados.
Millones de pesos se van a invertir en el plan, sin contar los fondos a través del programa Supérate
