Pablo Ulloa dijo que fueron debidamente identificados y que informó sobre la inspección
El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, acudió a presentar formal querella ante la Fiscalía y la Procuraduría por la agresión que fue objeto este lunes por parte de miembros de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), en el marco de una inspección que realizaba en el Centro de Retención Vehicular (canódromo) tras denuncias de irregularidades.
De acuerdo a una nota de prensa del órgano independiente: «El incidente se produjo cuando el defensor del Pueblo, acudió a visitar el canódromo y, pese a identificarse, procedió a verificar las condiciones en que se encuentran miles de vehículos ocupados por parte de la Digesett, a raíz de quejas presentadas por los ciudadanos, de que no cuidan los vehículos retenidos, lo entregan en malas condiciones o piden dinero a cambio».
Agregó que durante la visita los agentes de la Digesett que prestan servicios en el canódromo rompieron las cámaras de fotografías y videos y celulares a los periodistas de los diferentes medios de comunicación y personal del Defensor del Pueblo que acompañaban a Ulloa. También agredieron físicamente a una periodista y al secretario general del Defensor del Pueblo, Harold Modesto.
Según el comunicado, el defensor del Pueblo siguió el procedimiento en virtud de las facultades que le confiere la Constitución de la República Dominicana con el propósito de realizar la inspección, que forma parte de las funciones.
«El Defensor del Pueblo o sus adjuntos podrán inspeccionar las oficinas públicas y aquellas entidades prestadoras de servicios públicos, sin previo aviso, y requerir de ellas todos los documentos e informaciones necesarias para materializar su labor, los cuales les serán suministrados de forma gratuita», cita el documento, en referencia a la Ley 19-01, que norma el Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo es una autoridad independiente, un ejecutor que no se encuentra sujeto a ninguna limitante más que la del apego a la Constitución y la Ley No. 19-01, recuerda la nota de prensa.
Según la ley, este funcionario tiene entre sus objetivos contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos establecidos en la Constitución y las leyes, en caso de ser violadas por funcionarios de la Administración Pública.
Una vergüenza
«Realmente es una vergüenza ver cómo la autoridad se desproporciona frente al ciudadano. Si eso es a un órgano constitucional y una ley que confiere la atribución de inspección a este órgano defensor del pueblo, qué será un ciudadano dominicano normal y corriente», dijo Ulloa, en declaraciones a la prensa luego del incidente.
Afirmó que la agresión fue constante por parte del equipo de seguridad que se encontraba en el canódromo y que ni siquiera permitieron que interactuara con la coronel Ysabelita de los Santos, directora en ese momento.
Luego del incidente, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) destituyó a la coronel De los Santos como directora del canódromo, y designó de manera interina al teniente coronel de la Policía Nacional Hipólito Antonio Rijo Santana.
