Estas instituciones reaccionaron al informe que revela que 40 % de los prisioneros duermen en el suelo
El Poder Judicial y la Dirección General de Servicios Penitenciarios reaccionaron este martes ante el informe publicado por la Oficina Nacional de la Defensa Pública y que revela que el 40 % de los 27,315 prisioneros del país duerme en el piso, en condiciones de hacinamiento.
La jueza María Garabito Ramírez, de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), afirmó que desde el Poder Judicial realizan esfuerzos con miras a mejorar las condiciones de los presos en condición de vulnerabilidad, como es el caso de los que tienen avanzada edad; los que padecen enfermedad terminal o en estado grave, entre otros. Aseguró que con eso buscan que el sistema de justicia garantice el derecho que tienen los privados de libertad a que sea respetada su dignidad humana.
La magistrada Garabito también consideró que desde el Estado se deben establecer políticas públicas que fortalezcan el respeto de la dignidad humana de las personas privadas de libertad, con miras a definir un sistema integral para su reinserción social y mejorar las condiciones de esa población vulnerable.
Mientras que la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) aseguró que hay un plan y un interés de parte de la Procuraduría General de la República y del Gobierno Central para solucionar la problemática. Informaron que cada día el Sistema Penitenciario está realizando acciones a fin de garantizar derechos y que van avanzando “poco a poco”.
El Informe
El Informe «Condiciones de Detención y Prisión 2021» de la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) establece que hay un total de 27,315 personas se encuentran privadas de libertad dentro de la de las 19 cárceles del modelo tradicional y de los 27 centros del modelo nuevo de gestión penitenciaria.
De esa cifra, un 40 % de los internos del modelo tradicional duermen en el suelo y una gran cantidad de personas se encuentra en prisión preventiva acusados por delitos menores.
La Defensa Pública establece que existe un “exceso de prisión preventiva, una gran cantidad de personas con problemas de salud física y mental, diversas carencias dan imposibilidad de garantizar la reinserción social a las personas detenidas. De igual forma, se advierte que la institucionalidad del sistema carcelario estaría debilitada por la disminución de su presupuesto, poco personal técnico y de custodia”.
