Costa Rica fue incluido por la Unión Europea en la lista de países no cooperantes en materia fiscal, tras incumplir con el compromiso de reformar su legislación para gravar las rentas pasivas de capital en el extranjero, la conocida como renta mundial.
La inclusión del país en la lista fue anunciada por el propio gobierno del presidente Rodrigo Chaves el lunes, tras exponer una polémica con el gobierno anterior de Carlos Alvarado, al que Chaves acusó de haber comprometido al país pocos días antes de que terminara su mandato.
De acuerdo con Chaves, el 22 de abril del año pasado -a menos de un mes de terminar el gobierno de Alvarado- el entonces ministro de Hacienda, Elian Villegas, se comprometió con el bloque comunitario a realizar una reforma legal que permitiera gravar la renta mundial antes del 31 de diciembre del 2022.
Esto implicaba que se debía presentar y aprobar un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, cosa que no sucedió ni en el anterior gobierno ni el actual.
“Por primera vez desde que se estableció la lista, se incluye a Costa Rica porque no ha cumplido con su compromiso de abolir o modificar los aspectos nocivos de su régimen de exención de rentas de fuente extranjera”, dice el comunicado de la Unión Europea, en el que también se suma a la lista a Rusia, Islas Vírgenes Británicas e Islas Marshall.
El presidente Chaves y su ministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguraron que se intentó obtener una prórroga por parte del Consejo Europeo, pero estos se negaron alegando que había un compromiso de Estado.
Por su parte, el exembajador de Costa Rica ante la Unión Europea, Sergio Alfaro, aseguró que advirtió al gobierno de Chaves sobre el compromiso desde mediados de 2022, ante lo cual tampoco se presentó ningún proyecto de Ley.
En conferencia de prensa, el ministro de Hacienda costarricense aseguró que hubisese sido imposible cumplir con el plazo dados los tiempos que le toma a la Asamblea Legislativa este tipo de reformas. Agregó que Costa Rica ya se había comprometido a avanzar en materia de renta mundial en sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero sin tener este plazo encima.
“El gobierno anterior se comprometió a hacer un cambio radical en el sistema tributario costarricense. La historia tributaria del país está basada en una renta territorial. Ese cambio era un vuelco en la forma en que tributamos todos los costarricenses y, por tanto, no podía comprometerse a que en tres meses la reforma iba a pasar”, recalcó Acosta.
El gobierno costarricense anunció que presentará en marzo un proyecto con la reforma exigida y que éste llevará el trámite legislativo normal, mientras cruzan los dedos para que no se concrete ninguna sanción derivada de la inclusión en esta lista desde el 14 de febrero.
El exviceministro de Hacienda y economista de la Universidad Nacional (UNA), Fernando Rodríguez, dijo a The Associated Press que la inclusión de Costa Rica en esa lista es un “asunto serio” y que no debe tomarse a la ligera por las consecuencias que puede traer.
Para el economista, Costa Rica podría enfrentar sanciones que afecten a las inversiones europeas en el país si se establecen medidas como la imposibilidad de descontar gastos de deducibles europeos o que expresamente se establezca algún desincentivo que ahuyente a los capitales de la UE que lleguen a Costa Rica, además del daño que implica para la imagen del país ante los mercados.
Rodríguez explicó que lo que busca la UE es que Costa Rica no establezca, aunque sea de forma indirecta, beneficios a las inversiones europeas que vean más atractivo el régimen fiscal de Costa Rica. Lo que buscan, indica, es evitar “que inversiones europeas vengan y reduzcan su pago de impuestos”, aclaró el economista.
El exviceministro descartó que la inclusión en la lista pueda traer efectos inmediatos sobre la cooperación que recibe Costa Rica de la Unión Europea, aunque reconoció que el país debe procurar tardar lo menos posible en implementar la reforma fiscal.
